Juan Casares, presidente de CONCOVI, hace un llamamiento a las administraciones para que tomen en cuenta a las cooperativas para desarrollar viviendas verdaderamente asequibles, a riguroso precio de coste. La colaboración público-privada es esencial, igual que insiste en la necesidad de regular el precio del suelo para vivienda protegida y apoyar la el modelo de vivienda cooperativa en cesión de uso.
¿Qué propone CONCOVI que debería incluir un pacto integral de la vivienda?
Juan Casares: Dependiendo a qué crisis te enfrentes, hay que utilizar las herramientas adecuadas. La primera preocupación de los españoles es la vivienda y hay que tomar medidas también excepcionales, algunas que ya funcionaron.
Un pacto global de la vivienda tiene que ser interministerial, que alinee a Vivienda, Economía, Hacienda y Economía Social y Empleo.
El pacto global pasa por que se entienda que la vivienda asequible no es negocio y que esta crisis solo se le acomete a través de medidas que permitan poner vivienda a riguroso precio de coste. Eso solo lo pueden hacer la AVS o CONCOVI. Por lo tanto, el pacto global necesita valentía, eficacia y pactar con las entidades que, sin ánimo de lucro (AVS, promotores públicos y sociedades cooperativas), permitan durante unos años poner en carga el suelo público calificado como protegido.
Si el suelo público que tienen las administraciones es puesto en carga en colaboración público-privada con entidades sin ánimo de lucro, podremos hacer que la vivienda resultante esté muy por debajo del precio mercado.
¿Qué papel tienen los promotores inmobiliarios industriales en la producción de vivienda protegida?
J.C: En época de crisis, es más difícil obtener el retorno del 15% o el 20% que legítimamente tiene que ganar un promotor para hacer vivienda protegida. ¿Por qué no fomentamos que ese parque público de suelo lo pongan en carga promotores privados, como somos nosotros, pero sin ánimo de lucro? Si un proyecto lo promueve una entidad cooperativa saldrá al mercado entre el 15% y el 20% más barato.
El Estado y las administraciones debe apoyarse en los modelos que hoy ya existen. CONCOVI lleva entregadas más de 2,5 millones de viviendas en régimen cooperativo.
¿Cómo está fomentando CONCOVI esa colaboración público-privada?
J.C: Como agente social somos una entidad muy reconocida por el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Hemos firmado convenios con estas administraciones para poner suelo en carga de la forma más asequible posible. En Castilla-La Mancha hemos firmado un convenio para fomentar 10.000 viviendas de este modo, tanto en propiedad como en alquiler. Estamos ahora trabajando con los ayuntamientos para localizar esos suelos y en carga a través del modelo cooperativo.
El suelo público se tiene que poner en carga siempre a través del concurso público y ese concurso tiene que permitir que concurramos las entidades sin ánimo de lucro. Mi sensación es que la Administración desconoce cuál es el modelo cooperativo y los pliegos nos excluyeron, sin intención, del proyecto Viena de Sareb y al final quedó desierto. De la misma forma, el pliego de condiciones del Plan VIVE de la Comunidad de Madrid incluye que solo podrán concurrir sociedades anónimas. El Estado debería tener en cuenta también a los autopromotores.
Sí lo ha hecho Francisco de la Torre, el alcalde de Málaga. El consistorio ha redactado pliegos en los que todos nos hemos podido presentar. Así, el 66% de las 1.200 viviendas que ha adjudicado en concurso público el Ayuntamiento de Málaga ha sido a cooperativas. Jamás hemos tenido problemas de financiación ni de captación de fondos.
También hemos firmado con José María Román, alcalde de Chiclana, un acuerdo para 2.000 viviendas y ya nos ha entregado las parcelas, para que ese suelo salga a concurso solo a cooperativas de viviendas.
Espero que el Gobierno nos llame para comentarnos qué suelos tienen SEPES u otras administraciones como el Ministerio de Transporte, a través de ADIF y RENFE, que podrían aplicarse a hacer vivienda.