El Consejo de Ministros ha aprobado la cesión de los terrenos de ocho antiguos centros penitenciarios para la construcción de 1.332 viviendas a precio asequible, dentro del plan estatal de ampliación del parque público de vivienda.
Las parcelas, propiedad del Ministerio del Interior, pasarán a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), dependiente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que será el organismo encargado de su desarrollo. La valoración total de los suelos asciende a 78 millones de euros, según fuentes gubernamentales.
Entre las ubicaciones incluidas en la operación figuran las antiguas cárceles de Carabanchel (Madrid), Córdoba, Sevilla, Zaragoza, Ocaña (Toledo), Soria, León y Logroño. En la capital, el antiguo centro penitenciario de Carabanchel concentrará el mayor número de viviendas, con un total previsto de 508 unidades.
El proyecto forma parte del compromiso del Gobierno de movilizar suelo público infrautilizado para aumentar la oferta de vivienda asequible, especialmente en zonas tensionadas. Según el Ministerio de Vivienda, los terrenos se destinarán a la construcción de vivienda protegida en régimen de alquiler y se ejecutarán mediante colaboración público-privada.
Esta medida se enmarca en la estrategia de aprovechamiento de patrimonio estatal con fines residenciales, una línea de actuación que el Ejecutivo prevé continuar en los próximos ejercicios para responder a la demanda de vivienda a precios accesibles.