La vivienda es en uno de los temas más relevantes del panorama político español, con el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) presentando propuestas que buscan dar respuesta a los desafíos del acceso a la vivienda en un contexto de creciente necesidad social.
El Partido Popular, liderado por Alberto Núñez Feijóo, ha centrado sus medidas en facilitar la adquisición de viviendas, especialmente para jóvenes menores de 40 años. Entre las iniciativas destacadas se encuentra la reducción del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, que pasaría del 10% al 4% en la compra de viviendas de segunda mano. También proponen la creación de un sistema de avales estatales que cubriría hasta el 100% del valor de la hipoteca en la adquisición de una primera vivienda, con el objetivo de facilitar la entrada al mercado inmobiliario para este colectivo.
Además, el PP ha planteado la liberación de suelo público para la construcción de viviendas asequibles y ha anunciado medidas para reforzar la lucha contra la ocupación ilegal. Estas incluyen la creación de un teléfono específico para denuncias y la implementación de seguros públicos que protejan a los propietarios que alquilen sus viviendas a través del sistema público.
Por su parte, el PSOE, a través del Gobierno, ha apostado por un enfoque centrado en la promoción de vivienda pública, la regulación del mercado inmobiliario y el fortalecimiento del parque público de viviendas. Entre las medidas anunciadas, destaca la creación de un sistema de garantías públicas para proteger tanto a inquilinos como a propietarios, asegurando el cumplimiento de las obligaciones contractuales y fomentando la estabilidad en los arrendamientos.
El Ejecutivo también ha propuesto una exención del 100% en el IRPF para los propietarios que alquilen sus viviendas respetando los precios establecidos por el Índice de Precios de Referencia, incentivando así el alquiler asequible. Además, en el ámbito fiscal, se han planteado ajustes en el régimen de las SOCIMI, condicionando sus beneficios fiscales a su contribución en la promoción de alquileres asequibles, y un aumento del gravamen a la compra de viviendas por parte de extranjeros no residentes, como parte de una estrategia para combatir la especulación inmobiliaria.