El Registro de Demandantes de Vivienda y Suelo de CONCOVI ha publicado los resultados de una consulta ciudadana realizada a través de su plataforma COOPEROPEN, en la que se plantea la necesidad de regular el precio del suelo destinado a vivienda de protección pública. En total, han participado 21.178 personas, de las cuales 20.755, el 98%, se han mostrado a favor de fijar un límite al peso del suelo en el precio final de la vivienda protegida.
La iniciativa busca trasladar a las administraciones públicas —estatales, autonómicas y locales— una propuesta concreta para facilitar el acceso efectivo a este tipo de vivienda. Los resultados están disponibles para consulta pública y, según CONCOVI, reflejan una preocupación extendida entre la ciudadanía ante la dificultad de adquirir vivienda protegida al precio de módulo vigente.
Entre las medidas propuestas por la entidad destacan tres actuaciones clave: establecer un porcentaje máximo aplicable al valor del suelo sobre el precio del módulo; impedir la descalificación futura de las viviendas protegidas mediante una regulación permanente de precios; y aumentar la edificabilidad en los grandes desarrollos para compensar a los propietarios del suelo ante el nuevo marco regulatorio.
La consulta se enmarca en el trabajo que realiza COOPEROPEN, desde donde se advierte que la ausencia de límites en el precio del suelo está dificultando la viabilidad de nuevas promociones de vivienda protegida. Esta situación, según la plataforma, contribuye al estancamiento de proyectos y a la exclusión de miles de familias del mercado residencial.
“Las administraciones no pueden hacer oídos sordos a la demanda de los ciudadanos que necesitan una vivienda y a medidas, como la limitación del precio del suelo para la vivienda de protección pública, que son de sentido común y muy necesarias”, ha declarado Javier de Osma, director del Registro de Demandantes de Vivienda y Suelo de CONCOVI.
La propuesta se centra en vincular el valor del suelo al precio máximo de venta de la vivienda protegida, como vía para eliminar sobrecostes, reducir el componente especulativo y garantizar el acceso a precios asequibles en un contexto marcado por la presión creciente sobre el mercado residencial en zonas urbanas.